Criptoactivos: la ONG Bitcoin Argentina insta a la CNV a abandonar el proyecto del Registro de PSAV

La organización sin fines de lucro respondió a la consulta pública de la Comisión Nacional de Valores con una extensa justificación, proponiendo liberar la prestación de servicios de los proveedores de servicios de activos virtuales en su actividad de intercambio y custodia de bitcoin y otros criptoactivos.

La ONG Bitcoin Argentina presentó ésta semana su posición formal respecto del proyecto de regulación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) que la Ley 27.739 encomendó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en el marco de la adopción de las normas antilavado del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Los dos graves riesgos que destacó la ONG — que no representa a empresas del sector sino a usuarios — , son las distorsiones e ineficiencias que la nueva regulación podría traer a un sector que hoy funciona normalmente, y que presenta un riesgo para la misma CNV y para los usuarios, pues no sólo resulta ineficiente para aportar mayores herramientas de seguridad a estos últimos sino que incluso “creará en los mismos una falsa sensación de seguridad y supervisión por el sello de la CNV, en un mercado que es eminentemente riesgoso, asimétrico, global e inabarcable”, y que sería mejor desestimarla y limitar su alcance al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

“El presente, no es un mercado futuro, inexistente, incierto o nuevo, ni en crisis o emergencia, sino uno existente que funciona bien” se aclara, “mientras que las nuevas normas beneficiarán a algunos jugadores del ecosistema, reduce la aparición de otros y no evitará la aparición de futuras estafas”.

Consultado sobre el objetivo de la presentación de la entidad, su presidente, Ricardo Mihura, declaró que “vivimos en Argentina una oportunidad única para apostar a la desregulación, a mantener la libertad que tan buenos resultados ha dado hasta ahora para el crecimiento de un ecosistema sano y que es modelo para el resto del mundo”.

“No podemos entender — agregó Mihura — cómo la CNV opta en el campo de los servicios a bitcoin y criptoactivos por salirse de la impronta desregulatoria del gobierno para proponer una ineficiente carga reglamentarista que tiene por consecuencia inmediata expulsar o arrastrar a la ilegalidad a las pequeñas empresas y cuentapropistas del sector, y también dificultar, y sumar riesgos y costos regulatorios al nacimiento de nuevos proyectos”.

El cofundador de la ONG Bitcoin Argentina y promotor del ecosistema a través de la conferencia anual LABITCONF, Rodolfo Andragnes, hizo notar que “entendemos que la reforma de la ley de lavado y las regulaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) cumplieron con tiempos políticos y operativos para cumplir con exigencias de la evaluación del GAFI, pero ahora creemos que es aconsejable tomarse los tiempos técnicos necesarios para analizar si una regulación de los PSAV realmente aporta valor a la comunidad”.

Si bien el eje y recomendación central de la propuesta de la ONG consiste en discontinuar el proceso de regulación de los PSAV, y aún en derogar parcialmente la reciente Ley 27.739, el escrito presentado también ahondó en detalles de implementación en caso de que la CNV decidiera seguir adelante con la regulación.

“Los sujetos exceptuados de las obligaciones registrales no pueden limitarse a quienes operen menos de 35.000 dólares por mes, pues dejaría afuera prácticamente a todas las PYMEs y cuentapropistas del sector, dado que con la rentabilidad de un negocio tan pequeño es imposible afrontar los costos regulatorios.” Así se refirió el abogado Manuel Ponce, secretario de la Comisión Directiva y miembro de la Comisión de Marco Regulatorio de la ONG.

Sobre los aspectos financieros de los PSAV, el contador Marcos Zocaro, integrante también de la Comisión Directiva, desconfió del requisito de la mera certificación de cumplimiento de un patrimonio mínimo y aconsejó que “si se van a imponer requisitos de solvencia a los PSAV, sería aconsejable exigir la presentación periódica de los Estados Contables auditados y no de una simple certificación sobre el cumplimiento del patrimonio neto mínimo, que iguala a los más solventes con los que apenas llegan al monto mínimo”.

Un aspecto sobre el cual enfatiza la propuesta presentada es que las plataformas de intercambio de criptoactivos operan a nivel y escala globales y que no es creíble que la CNV pueda garantizar a los usuarios de Argentina que la operatoria y los criptoactivos que se negocian en ellas vayan a ser supervisados, como así tampoco la honestidad de los proyectos.

Así como afirma que Bitcoin es “el mejor activo de resguardo de la historia de la humanidad”, la presentación de la ONG señala también que “no puede ser desconocido que de los miles de activos virtuales que circulan y circularán por los exchanges del mundo la enorme mayoría son insustanciales, y que sus precios son puro resultado del marketing y de manipulaciones de mercado. Son verdaderas estafas al público inversor (y al público ludópata)”.

La nota de crítica con propuestas fue acompañada con un texto completo de la iniciativa de la CNV con marcas de revisión de detalle, para el caso de que se desoyera la recomendación desregulatoria de la organización y se continuara, en cambio, con el proceso regulacionista.