ONG Bitcoin Argentina compartió su visión y propuestas a la Comisión Nacional de Valores acerca de la regulación sobre Activos Virtuales
En reunión con las máximas autoridades de la CNV, la asociación civil planteó la necesidad de preservar un ecosistema sano para garantizar el derecho al acceso a la autocustodia y soberanía financiera, sumado a la preferencia por mecanismos de autorregulación transparente y supervisada sobre la actividad de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
El Presidente de la CNV, Dr. Roberto E. Silva, su Vicepresidente, Dra. Patricia Boedo y la gerente y subgerente del sector, Dras. María Laura Viggiano y Victoria Donato respectivamente, recibieron esta semana a los miembros de la Comisión Directiva de la ONG Bitcoin Argentina, quienes expresaron preocupación y propuestas relativas a los proyectos de regulación de la actividad de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).
El Dr. Silva destacó la nueva responsabilidad otorgada por la ley a la CNV al haberle encomendado la creación del Registro de PSAV y la regulación de su actividad, con la protección de los usuarios como principal objetivo y la adecuación a las directivas del GAFI como marco. También, destacó la gran afluencia de prestadores que concurrieron a inscribirse en el registro recién abierto.
Los visitantes se refirieron al rol de la ONG como representante de los usuarios y de los desarrolladores y al trabajo realizado durante los últimos once años en la construcción de comunidad, la difusión del conocimiento y del buen uso de bitcoin y de sus herramientas como medio de conservación y transmisión de valor, para el desarrollo y preservación de la soberanía financiera de los individuos.
“Hemos señalado con banderas amarillas algunas de las normas que ya se han dictado, porque los parámetros fijados para obligar a la inscripción de prestadores de servicios en el nuevo Registro de PSAV son demasiado estrictos”, declaró el Presidente de la ONG, Ricardo Mihura.
“Obligar a registrarse a quien hace operaciones por valor de 35.000 UVA por mes implica considerar como un negocio regulado y nutrido de obligaciones administrativas a una actividad que no deja más de mil dólares de comisiones mensuales. Proponemos, al menos, triplicar ese valor y, en todo caso, complementarlo con un valor menor por operación o por persona”, agregó también Mihura.
En la reunión, se refirieron a algunas de las condiciones que aisladamente determinan para exchanges extranjeros la obligación de registrarse en el país, y recomendaron la conveniencia de verificar el cumplimiento de combinado de dos o más de los hechos reveladores de actividad en el país. “Si por el mero hecho de hacer publicidad en Argentina un proyecto pasa a ser un PSAV obligado, nos quedamos sin la posibilidad de traer al país a lo más avanzado de la industria en el mundo, para que compartan sus propuestas y patrocinen eventos como Descentralizar, con el cual la ONG llega a miles de personas todos los años, en distintas ciudades del interior”, expresó Rodolfo Andragnes, fundador y directivo de la ONG.
“También podrían ser excluidos de la registración los individuos que se limitan a operar P2P con liquidación de cripto en PSAV y de pesos en una entidad financiera, ya que hay entidades reguladas y KYC en ambos extremos, por lo que es un costo inútil cargarlos con obligaciones administrativas difíciles de cumplir a pequeña escala”, agregó Manuel Ponce Peñalva, integrante también de la Comisión Directiva de la ONG.
Con relación a los proyectos de regulación, los visitantes recomendaron a los directivos de la CNV que se establezca un sistema de autorregulación, por el cual cada PSAV explicite y declare al regulador cómo habrá de cumplir, en cada uno de los rubros que sean predefinidos, los objetivos que manda la ley.
“Va a ser mucho más preciso un PSAV definiendo sus objetivos de operación según las características propias de su actividad, que el trazo grueso y uniforme del regulador, que necesariamente quedará grande para algunos operadores y pequeño para otros”, señaló Ponce Peñalva. “Luego, una vez definidas las condiciones individuales de la autorregulación, la CNV debería supervisar estrictamente su cumplimiento”, redondeó.
“Como usuarios — expresó Ricardo Mihura — nos interesa que los PSAV se desarrollen y sean confiables. Por eso preferimos que compitan en la calidad y confiabilidad de sus servicios, en sus condiciones de solvencia, seguridad, en la integridad de sus plataformas y en la honestidad de los activos que ofrecen, y no que se limiten a cumplir con un estándar que iguale a todos, mejores y peores, bajo un mismo sello de la CNV”.
La directora ejecutiva de la ONG, Jimena Vallone, puso también a disposición de las autoridades los recursos educativos de la institución para contribuir en la formación de sus cuadros técnicos y profesionales.
